El PSOE propone un nuevo impuesto para limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros no europeos
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en el Congreso una batería de iniciativas orientadas a intervenir en el mercado inmobiliario español, con el objetivo de contener los precios y ampliar la oferta de viviendas. Entre las medidas propuestas, destaca la introducción de un nuevo impuesto destinado a los ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea que adquieran inmuebles en España. Esta figura fiscal supondría un recargo del 100% sobre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), lo que, en la práctica, duplicaría el coste de adquisición para este grupo de compradores.
El propósito declarado del gravamen es disuadir las operaciones de carácter especulativo. No obstante, la propuesta presenta diversas excepciones que limitarían considerablemente su alcance. En primer lugar, no se aplicaría a la compraventa de viviendas de obra nueva adquiridas directamente a promotoras, ya que estas tributan por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), armonizado a nivel europeo y, por tanto, fuera del margen de actuación del legislador nacional. Asimismo, determinadas operaciones entre empresarios o profesionales también quedarían fuera del ámbito de aplicación del nuevo tributo, lo que abre la puerta a estructuras que podrían eludir su impacto.
Raquel Jurado, técnica del servicio de estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), ha señalado que esta figura fiscal es, en esencia, un impuesto indirecto, y que podría ser fácilmente evitado mediante operaciones sujetas al IVA, como ocurre en algunas transmisiones empresariales. En estos casos, el comprador puede renunciar a la exención del IVA para tributar por este impuesto y, de ese modo, evitar el recargo del ITP.
El REAF ha subrayado el carácter inédito del impuesto, al establecer un tipo del 100%, lo que podría dar lugar a impugnaciones por su posible naturaleza confiscatoria. Para ilustrar el impacto económico de la medida, el organismo ofrece el ejemplo de un comprador estadounidense que adquiere una vivienda en Madrid con un valor de referencia de 600.000 euros. Con la aplicación del nuevo impuesto, y descontando el pago del ITP-AJD (estimado en 36.000 euros), el coste fiscal total ascendería a 564.000 euros adicionales, elevando el precio final a aproximadamente 1,2 millones de euros.
Agustín Fernández, presidente del REAF, ha expresado su preocupación por las posibles consecuencias legales y económicas de la propuesta. Cuestiona la viabilidad de revender un inmueble gravado en esas condiciones y advierte que la medida puede desincentivar la inversión extranjera no comunitaria. Asimismo, sugiere que la exclusión de los compradores comunitarios obedece a las restricciones impuestas por la normativa europea.
Más allá de sus implicaciones fiscales, los expertos ponen en duda la efectividad real de la medida. Según los datos disponibles, los compradores extracomunitarios representan aproximadamente el 3% de las transacciones inmobiliarias en España. Además, suelen adquirir propiedades de alto valor, con un precio medio de 3.400 euros por metro cuadrado, en contraste con los 1.600 euros pagados, en promedio, por los compradores nacionales. Estas cifras indican que el segmento al que se dirige el impuesto tiene un impacto limitado sobre el mercado residencial habitual.