En los últimos años, España se ha convertido en un destino muy atractivo para residentes extranjeros con alto poder adquisitivo, especialmente ciudadanos de países europeos como Alemania, Francia, Países Bajos o Reino Unido, así como nómadas digitales de Estados Unidos y otras regiones. Este fenómeno ha generado un notable dinamismo en el sector inmobiliario, impulsando las compraventas en zonas como la Costa del Sol, Baleares, Canarias, la Comunidad Valenciana y, en menor medida, grandes capitales como Madrid y Barcelona.
Estos nuevos residentes suelen disponer de salarios más altos que la media nacional y, en muchos casos, trabajan en remoto para empresas extranjeras. Esto les permite acceder a viviendas por precios más elevados, lo cual ha generado una presión al alza sobre el valor del suelo y los alquileres en determinadas áreas. El fenómeno se ha intensificado tras la pandemia, con el auge del teletrabajo y la búsqueda de mejor calidad de vida.
Si bien esta tendencia beneficia a promotores y dinamiza la inversión inmobiliaria, también presenta desafíos importantes: entre ellos, el riesgo de gentrificación, la pérdida de vivienda asequible para los locales y un posible desequilibrio en los precios. Algunas voces del sector reclaman que las políticas públicas fomenten el equilibrio mediante vivienda protegida, incentivos a promotores locales y mayor regulación en zonas tensionadas, sin frenar el atractivo internacional que tiene España.