España suprime desde este jueves las llamadas ‘Golden Visa’, acelera los desalojos por ocupación de viviendas y somete los pisos turísticos a la aprobación de la comunidad de vecinos. Estas medidas forman parte de una serie de reformas legales destinadas a abordar la escasez y el elevado coste de la vivienda en el país.
Con la entrada en vigor de estas reformas, desaparecen las ‘Golden Visa’, un tipo de visado de residencia para ciudadanos de fuera de la Unión Europea que hasta ahora podían obtenerse mediante la compra de inmuebles por más de 500.000 euros o a través de inversiones en depósitos bancarios, deuda pública, acciones, fondos de inversión y proyectos empresariales.
Estos visados fueron introducidos en 2013 por el Gobierno del Partido Popular, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, y desde entonces se han concedido más de 14.500, principalmente a inversores chinos y rusos. En los últimos años, su demanda aumentó debido al brexit y la guerra en Ucrania.
El Gobierno actual, en sintonía con otras administraciones europeas, sostiene que este tipo de visados contribuyen a la especulación inmobiliaria y encarecen la vivienda en ciudades como Madrid y Barcelona. Sin embargo, el sector inmobiliario advierte que su eliminación podría reducir la inversión sin lograr una bajada de precios en el mercado.