Ante la creciente crisis de vivienda, con un déficit de más de 500.000 viviendas, el Consejo General de Economistas (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han propuesto medidas para aumentar la oferta y frenar la subida de precios. Una de sus principales recomendaciones es reducir la carga fiscal en la compra de vivienda, ya que los impuestos pueden encarecer el precio hasta un 25%. Según los expertos, esta presión impositiva dificulta el acceso a la propiedad y desincentiva la inversión inmobiliaria, limitando la oferta disponible.
También insisten en la necesidad de reformar la Ley del Suelo para evitar la paralización de planes urbanísticos por defectos menores, lo que retrasa la construcción de nuevas viviendas. Sin embargo, la falta de consenso político ha impedido avanzar en estos cambios.
En cuanto al mercado del alquiler, alertan de que la regulación de precios ha reducido la oferta, perjudicando a las familias con menos recursos. Citan el caso de Cataluña, donde los alquileres bajaron un 4%-5%, pero la oferta cayó un 20%.
Para solucionar el problema habitacional, proponen mayor colaboración público-privada, movilización de suelo público y estabilidad regulatoria. Además, destacan la necesidad de modernizar el sector de la construcción con nuevas tecnologías y formación de mano de obra cualificada para agilizar la edificación de viviendas y mejorar su sostenibilidad.