En medio de la crisis de acceso a la vivienda, los desarrolladores inmobiliarios han planteado una serie de medidas destinadas a aliviar la presión en el mercado. Entre sus propuestas se encuentran ajustes fiscales, simplificación de trámites, mayor cooperación público-privada, la activación de suelo para construcción y el acceso a más financiamiento.
En el ámbito tributario, APCEspaña sugiere aplicar un IVA reducido del 4% en la venta de viviendas asequibles para jóvenes. También proponen revisar la fiscalidad de las entidades bajo el régimen de arrendamientos y reconsiderar el IVA para viviendas con precios por debajo del mercado.
En cuanto a trámites administrativos, solicitan modificar la Orden ECO para agilizar la obtención de licencias y permitir la revisión de proyectos por expertos externos. Además, plantean fomentar la industrialización de la construcción para combatir la escasez de mano de obra cualificada y acelerar los tiempos de ejecución.
Durante su intervención, Xavier Vilajoana, presidente de APCEspaña, instó a activar la línea de financiamiento de 4.000 millones de euros del Instituto de Crédito Oficial (ICO) junto con el Gobierno para fomentar la construcción de vivienda en alquiler asequible. También propuso habilitar más líneas de crédito, incluso en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Asimismo, Vilajoana destacó la necesidad urgente de consensuar y financiar adecuadamente un Plan de Vivienda que abarque diversas modalidades de promoción y garantice seguridad jurídica para atraer inversión privada. “Proponemos un IVA reducido para compradores menores de 35 años”, explicó, enfatizando que este grupo enfrenta grandes dificultades para reunir el ahorro necesario para adquirir una vivienda.
El presidente denunció el “grave desequilibrio” entre la oferta y la demanda de viviendas en España, lo que genera que los hogares destinen un 40% de sus ingresos al alquiler, frente al 20% en la media de la zona euro. Según Vilajoana, “es necesario casi triplicar la construcción actual, pero las políticas recientes van en dirección contraria a este objetivo”.
En este contexto, los promotores solicitan reformar la Ley del Suelo para facilitar la generación de suelo urbanizable. También proponen movilizar terrenos públicos y destinarlos tanto a promotores públicos como privados, además de implementar medidas para permitir cambios de uso en solares vacantes que posibiliten la construcción de viviendas.