El Tribunal Supremo ha marcado un precedente sin igual en España al ordenar al Gobierno permitir el acceso al código fuente de BOSCO, el algoritmo que determina quién puede acceder al bono social eléctrico. Se trata de la primera vez que una instancia judicial exige revelar el funcionamiento interno de un sistema informático que gestiona ayudas públicas. Con esta decisión, se abre un debate crucial sobre el papel que deben jugar los algoritmos en la Administración y hasta qué punto deben estar sujetos al control ciudadano.
El bono social eléctrico es una ayuda destinada a aliviar la factura de la luz en hogares en situación de vulnerabilidad. Sus condiciones se recogen en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, el Real Decreto 897/2017 y la Orden ETU/943/2017. Para verificar que los solicitantes cumplen con los requisitos, las comercializadoras recurren a BOSCO, una herramienta diseñada para interpretar esa normativa mediante programación y automatizar la toma de decisiones. En esencia, el algoritmo traduce la ley en operaciones técnicas que determinan si se concede o no la ayuda.
El origen del conflicto se remonta a 2018, cuando la Fundación Civio detectó que el sistema excluía a personas que sí cumplían con los criterios establecidos por la ley. Casos como el de viudas o familias numerosas ponían de manifiesto errores en la forma en que BOSCO cruzaba datos con distintas bases públicas. Aunque la Administración reconoció ciertos fallos, se negó a compartir el código fuente del algoritmo, argumentando riesgos para la propiedad intelectual, la seguridad y la privacidad de los datos.
Tras varios intentos fallidos en el Consejo de Transparencia, un juzgado de lo contencioso y la Audiencia Nacional, Civio llevó el caso al Tribunal Supremo. La respuesta del alto tribunal fue contundente: cuando se usan sistemas automatizados para decidir sobre derechos sociales, el acceso a su funcionamiento no solo es posible, sino que es un derecho fundamental. El Supremo aclaró que el código fuente de BOSCO no contiene información personal ni bases de datos, sino únicamente instrucciones técnicas derivadas de la normativa. Además, defendió que la transparencia refuerza la seguridad, ya que someter el código al análisis de múltiples expertos permite identificar y corregir fallos con mayor rapidez.
La sentencia representa un cambio de paradigma. A partir de ahora, las Administraciones deberán asumir que los sistemas tecnológicos que gestionan ayudas públicas deben estar abiertos al escrutinio ciudadano. Conocer cómo funciona un algoritmo ya no es una opción, sino una condición para garantizar que se respetan los principios de legalidad y equidad. Esto sienta un precedente que podría extenderse a otros sistemas automatizados aplicados en ámbitos como la vivienda, la fiscalidad o la sanidad.
Uno de los principales problemas de los algoritmos opacos es que sus errores pueden pasar desapercibidos. Si una familia era rechazada de forma injusta, no tenía forma de saber si el fallo venía de una interpretación incorrecta de la ley por parte del sistema. Sin acceso al código, era imposible verificar si BOSCO aplicaba correctamente los criterios legales. Esta falta de transparencia generaba indefensión y favorecía decisiones automáticas sin control externo.
La transparencia, aunque no garantiza por sí sola un reparto justo de las ayudas, sí permite detectar injusticias y corregirlas. La publicación del código fuente no asigna recursos directamente, pero asegura que ninguna persona quede fuera del sistema sin una razón legítima. Universidades, asociaciones de consumidores, colectivos ciudadanos o especialistas independientes podrán analizar el código, detectar errores y proponer mejoras. Esta auditoría abierta no debilita el sistema; lo fortalece.
Para los hogares que solicitan el bono social, la sentencia representa un refuerzo claro de sus derechos. Si antes un error informático podía dejarlos fuera sin posibilidad de respuesta, ahora existe una vía para revisar y corregir esas decisiones. La garantía de que su solicitud será evaluada con criterios justos y auditables aporta seguridad y transparencia al proceso.
El caso de BOSCO va más allá de una ayuda energética. Se convierte en símbolo de una nueva etapa en la relación entre ciudadanía, tecnología y Administración. El mensaje del Supremo es claro: los algoritmos públicos no pueden funcionar como cajas negras, sino como herramientas sometidas a los principios de legalidad, transparencia y control democrático. La sentencia no solo abre el código de un sistema informático, sino también el camino hacia una digitalización del sector público que rinda cuentas ante quienes más lo necesitan: las personas.
Este precedente obliga a la Administración a replantear cómo se usa la tecnología en políticas sociales. No basta con automatizar procesos; es imprescindible que esos procesos sean comprensibles, auditables y respetuosos con los derechos fundamentales. La transformación digital del Estado debe estar al servicio de la ciudadanía, no operar al margen de ella.