La última sesión de control en el Congreso volvió a poner de manifiesto las tensiones internas entre los socios del Gobierno en materia de vivienda. Las discrepancias surgieron a raíz de una pregunta del diputado Óskar Matute (Bildu), quien se apoyó en datos difundidos por el Ministerio de Consumo sobre la evolución de los contratos de alquiler que vencerán en 2026. Según dicho informe, más de 632.360 contratos cumplirán cinco años y podrían enfrentarse a incrementos de renta significativos.
Sin embargo, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, cuestionó la fiabilidad de esos datos y pidió “prudencia”, subrayando la importancia de basarse en información pública contrastada para formular propuestas con seguridad jurídica, tanto para inquilinos como para propietarios.
Datos enfrentados y visiones opuestas sobre el mercado del alquiler
El informe del Ministerio de Consumo estima que los caseros podrían solicitar una subida mediana de 1.735 euros anuales en estos contratos que finalizan en 2026. Sumar, de hecho, aboga por una renovación automática para evitar impactos bruscos en los precios del alquiler.
Frente a esta posición, la ministra de Vivienda argumentó que la actual Ley de Vivienda ya permite limitar las subidas, especialmente en las zonas tensionadas declaradas en municipios del País Vasco como Bilbao, Barakaldo, Irún o Errenteria. De acuerdo con Rodríguez, más de la mitad de los contratos susceptibles de actualización en 2026 estarían ya protegidos frente a incrementos exagerados.
Matute replicó que los datos publicados han sido elaborados por un ministerio del propio Gobierno, destacando que muchas zonas —como Santurtzi, Portugalete o Sestao— aún no están bajo la figura de área tensionada y que, por tanto, sí podrían experimentar subidas importantes si no se amplían los límites actuales.
El diputado insistió en recuperar medidas como la prórroga obligatoria por emergencia habitacional, alegando que el país vive una situación de vulnerabilidad que requiere preservar el “escudo social”.
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Podemos intensifica las críticas y pide la dimisión de la ministra
La tensión se recrudeció cuando Ione Belarra, portavoz de Podemos, acusó al Ejecutivo de aplicar políticas de vivienda “sin resultados” y de no frenar la “subida sin precedentes” de los alquileres. Según Belarra, las campañas institucionales no pueden ocultar un problema estructural que —en sus palabras— “no se está abordando con la ambición necesaria”.
La diputada incluso pidió la dimisión de la ministra y la invitó a “irse a la patronal inmobiliaria”, en una de las intervenciones más duras de la sesión. Rodríguez reprochó el tono “populista” y apeló a trabajar en acuerdos reales, recordando que aún está pendiente la reforma de los alquileres de temporada, que requiere del apoyo de varios grupos parlamentarios para avanzar.
La ministra instó a Podemos a colaborar en esta legislación, cuya aprobación podría llegar en el primer pleno tras las vacaciones navideñas.
Un nuevo episodio de tensiones en la política de vivienda
Este enfrentamiento se suma a otros episodios recientes, como la polémica sobre una campaña publicitaria del Ministerio de Vivienda o la puesta en marcha del nuevo teléfono gratuito 047, diseñado para resolver dudas ciudadanas e informar sobre ayudas disponibles.
Las críticas se han extendido incluso dentro de Sumar, que también cuestionó la capacidad de la ministra para impulsar medidas más contundentes.
Lo sucedido refleja nuevamente el desafío político que supone avanzar en reformas de vivienda con criterios homogéneos, en un contexto donde las prioridades de cada formación y el ritmo legislativo no siempre coinciden.
Conclusión
El debate político demuestra hasta qué punto la vivienda se ha convertido en un eje central de las decisiones sociales y económicas del país. Las distintas interpretaciones sobre los datos, el alcance de la Ley de Vivienda y las discrepancias entre ministerios subrayan la necesidad de contar con información clara, actualizada y analizada con rigor.
En Utande Real Estate seguimos de cerca estos movimientos para comprender cómo pueden influir en el mercado del alquiler, en la seguridad jurídica y en la realidad de propietarios e inquilinos. Nuestro compromiso es mantener una visión sólida y objetiva que ayude a interpretar el rumbo del sector y anticipar sus implicaciones reales.